Afirma que Mañueco incumple la ley ahorrando dinero mientras crece el número de dependientes en la comunidad
El número de personas dependientes crece en Castilla y León (6.265 más desde enero de 2024) mientras la Junta ahorra dinero aprovechando la mayor inyección del Estado destinada a cubrir los costes necesarios para atenderlas. Así lo afirma la Plataforma Social a la vista del proyecto de ley de presupuestos presentado por el gobierno de coalición PP-Vox la pasada semana.
La reforma de la Ley de la Dependencia, indican, establece que la financiación de las prestaciones deberá cubrirse a partes iguales entre cada comunidad autónoma y la Administración General del Estado, donde no se contabilizará el copago que realicen las personas en situación de dependencia, lo que supone, lógicamente, una cantidad a añadir al gasto.
Con este principio por delante, el Estado va a aportar a Castilla y León 620 millones de euros en 2027, de modo que, según los cálculos de la Plataforma Social, el gasto en dependencia debe llegar a 1.323 millones en total. Sin embargo, la Junta solo va a transferir a la Gerencia de Servicios Sociales 547 millones, a los que debería sumar otros 73. No salen las cuentas.
La derecha en el gobierno autonómico no cumple
Con el actual proyecto de presupuestos, afirma el portavoz de la Plataforma, Jorge Félix Alonso, la Junta no cumple con la Ley de la Dependencia, porque se queda lejos de la aportación del Estado. Alonso, en la línea de lo que viene denunciando año tras año, critica que la Junta «aproveche esta mayor aportación de la administración central a la financiación de la dependencia para congelar o incluso reducir su presupuesto», mientras «debería de seguir el ejemplo del Estado e incrementar significativamente sus aportaciones para reforzar el sistema, sobre todo teniendo en cuenta que desde enero de 2024 se han registrado 6.265 nuevas personas dependientes en la comunidad autónoma».
A las cantidades que tienen que aportar las Administraciones hay que añadir, además, los 83 millones del copago de las personas en situación de dependencia que están en una plaza de residencia o centro de día, público o concertado.
Desde la Plataforma Social se entiende que el incremento en la aportación que tienen que hacer ambas administraciones debe servir para mejorar las prestaciones y los servicios que reciben a las personas en situación de dependencia, pero también las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores que las cuidan.
Se vuelve a reducir la partida para la Renta Garantizada de ciudadanía, dejándola sólo en 5,5 millones de euros. Se ha reducido en 9,2 millones, respecto a 2024. Llegó a destinarse 72 millones de euros. Solicitamos que se explique a qué se han destinado los 68 millones de euros que se venían empleando en conceder ayudas a los colectivos más vulnerables. Consideramos que esta cantidad se debería dedicar a políticas cuyo fin sea la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad a través de un programa específico.
Hace más de una década que se cerraron 837 plazas públicas en residencias de personas mayores para transformarlas en plazas para grandes dependientes. En reiterados presupuestos se ha anunciado su reconversión, pero la mayoría siguen cerradas, recuerdan, lo que entienden solo favorece que las residencias privadas hagan negocio y que quienes necesitan una plaza y no puedan pagarla queden en situación de exclusión. El actual proyecto de presupuestos no sólo no contempla la suficiente financiación para acometer su apertura en 2027, sino que reduce en el 46 por ciento (17 millones de euros menos) las inversiones para centros de personas mayores.
Preguntas que necesitan respuestas
Alonso añade otras muchas cuestiones que, a su juicio, necesitan una explicación: «En el programa destinado a la atención de las personas con discapacidad, ¿cómo es posible que el gasto en “agua” pase de 42.477 euros a 142.477, lo que supone un crecimiento del 235%? ¿Cómo es posible que el gasto en electricidad pase de 1.979.002 a 16.132.775, lo que supone un crecimiento de 715%? ¿Cómo es posible que los gastos farmacéuticos alcancen la cifra de 11.723.908 euros, mientras los gastos en alimentación son sólo de 3.502.497, que es cuatro veces menos en comida que en farmacia?
Alonso concluye afirmando que «es necesario que se dé una explicación a todas estas preguntas, porque posteriormente se pueden modificar esas partidas y destinarse a otras finalidades, con lo que se estaría minorando el dinero que tiene que destinarse a la atención de las personas dependientes».
