Sindicatos y profesionales advierten, un año más, de las carencias del operativo de incendios a un mes de la época de peligro alto
Como en un eterno déjà vu, a menos de un mes del inicio de la época de peligro alto de incendios, vuelven, en cascada, las advertencias sindicales y profesionales ante la situación del operativo de Castilla y León, incompleto y desasistido en personal, formación, medios y condiciones laborales. «Ya vamos tarde, otra vez», avisan desde el sindicato UGT. Esta inmensa comunidad autónoma afronta, un año más, la campaña de 2026 con escasos cambios con respecto al catastrófico verano pasado y el devastador 2022: vacantes aún sin cubrir, en pleno mes de mayo, en el colectivo de agentes medioambientales, en las torres de vigilancia o en los equipos de tierra, habitualmente sin instrucciones sobre cómo afrontar las labores de prevención o pasando por cursos de escasas catorce horas para aprender a manejar la maquinaria con el reto de un trabajo ímprobo.
La predicción meteorológica
La meteorología no ayuda. En este momento de explosión del cambio climático que algunos niegan, si para anteayer, día 15, AEMET Castilla y León advertía de heladas y nevadas en el norte de la comunidad, para la semana entrante, a partir del jueves 21 —solo siete días después— prevé que las temperaturas alcancen y superen los 30 grados, incluso con noches tropicales en algún punto del país: la bomba de relojería tras una primavera extraordinariamente lluviosa está servida en una bandeja de combustible salvaje que se secará rápidamente, ofrecido al fuego a consecuencia del insuficiente trabajo selvícola; es decir, la prevención sigue siendo el caballo de batalla, el toro que la Junta de Castilla y León y el aún consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones (esperemos por poco tiempo) siguen sin coger por los cuernos.
Vacantes en extinción y agentes medioambientales
Solo en el ámbito de los bomberos forestales en Zamora, incide el sindicato UGT —que eligió esa provincia para presentar su balance esta semana— están sin cubrir cerca del 30% de los puestos de trabajo del operativo: 9 puestos sin cubrir de 33 de conductor; 14 de vigilantes de incendios de un total de 42 y 6 vacantes de peón de 33: es decir, casi una tercera parte de los puestos fundamentales para combatir el fuego están sin cubrir en la provincia de Zamora, castigada precisamente por la falta de personal durante los incendios tempranos (antes de temporada) de 2022 y durante la temporada de peligro alto de los últimos cuatro años que fulminaron decenas de miles de hectáreas de parajes irreemplazables en los que se perdieron especies forestales, animales, personas, viviendas y pueblos.
Esto puede multiplicarse en datos en la provincia de León, que sufrió lo indescriptible el pasado verano, en muchos casos porque los incendios nacidos en Zamora no pudieron controlarse a tiempo para impedir que cruzaran sus fronteras.
La asociación profesional de agentes medioambientales, APAMCYL, añade más leña al fuego, y nunca mejor dicho. Su colectivo, público, tiene a fecha de hoy 237 vacantes de un total de 965. Estos profesionales, funcionarios de la Junta de Castilla y León, ubican estas deficiencias de personal en las provincias de Soria (38% de vacantes), Valladolid (31%), Burgos y Palencia (29%) y Ávila (26%).
¿Cómo es esto posible? Nadie lo sabe, a excepción de Mañueco y su consejero Quiñones, que, reafirmados en su gobierno después de 38 años en las últimas elecciones autonómicas, es probable que no consideren necesario cambio alguno.
Desde APAMCYL, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, Esaú Escolar señala que este bajo índice de cobertura en muchas de las comarcas dificulta enormemente cubrir el calendario de guardias contra incendios forestales y realizar servicios de vigilancia, obligándoles a enfrentarse en solitario a situaciones muy complejas en entornos aislados: «El verano se acerca y los números no salen para cubrir de forma eficiente todas las guardias que tenemos que realizar, con un 24,56% de plazas sin cubrir, con la época de peligro alto, que empieza el 12 de junio, prácticamente encima».
La situación, clama, es insostenible. «En algunos casos, solo tres funcionarios públicos tienen que gestionar decenas de miles de hectáreas, lo que genera una situación precaria que dificulta una intervención óptima, especialmente en las fases iniciales de un incendio forestal».
En resumen
«Hay menos gente que el año pasado; no han sacado las RPTs (relaciones de puestos de trabajo), no han ampliado plantillas; han propuesto un decreto ley en el que no se contemplaba nada de lo que se les pedía y que decayó, porque no lo apoyó ningún grupo parlamentario; no han hecho nada de nada, que es lo mejor que saben hacer, porque han estado a otros menesteres«, afirman desde UGT. «Su disculpa es que los incendios son provocados, pero da igual si son provocados o no, el asunto es que hay que apagarlos y no hay gente para apagarlos; ni siquiera han formado durante el invierno a la gente que tienen, y solo pueden impartir cursos de no hacer nada, porque en eso, hay que reconocerles que son unos maestros».
La situación, concluyen, es la misma que hace un año. O peor. A esos trabajadores y trabajadoras de torres de incendios, que son los primeros que detectan el humo y el peligro del fuego, se les va sustituyendo progresivamente, desde hace años, por cámaras o drones. Nadie sabe lo que deparará el futuro, pero el avance de la tecnología y la limitada apuesta del gobierno del PP por lo público y el empleo, especialmente en este sector, dejan poca esperanza.
¿Cuál es la situación a día de hoy?
En pocas semanas se cumplirán cuatro años de los incendios que arrasaron la Sierra de la Culebra, en Zamora, y la mejora prometida, coinciden quienes lo viven en sus carnes, se ha quedado en agua de borrajas. «La Junta salió en tromba», recuerdan desde UGT, «diciendo que todo iba a cambiar». Poco después se firmó un acuerdo para que los contratos de cuatro o seis meses al año de los bomberos (que, a pesar de la ley estatal de 2024, siguen sin ser reconocidos como bomberos o bomberas forestales, sino que en Castilla y León siguen siendo «peones» o «conductores de montes») pasaran a ser de doce meses, es decir, que estos hombres y mujeres trabajarían todo el año. Y sí, en su mayoría tienen ahora contratos anuales, pero a los vigilantes, reiteran, no se les ha explicado todavía, según este sindicato, qué tienen que hacer el resto del año, cuando no están en sus torres y deberían estar desplegados utilizando motosierras: no se les ha enseñado a utilizar las motosierras.
¿Qué están haciendo los vigilantes de torre o el resto de los trabajadores que han pasado de cuatro o seis meses de contrato a doce, si no se les forma para hacer otros trabajos durante las épocas de bajo riesgo? «No hay instrucciones claras», responde Hugo Rodríguez, bombero forestal de Zamora: «sí, están trabajando doce meses, pero no tienen sus funciones claras; desde la Junta se le ha trasladado el problema a cada comarca, y cada comarca decide en qué pueden trabajar o no estas personas, pero tampoco saben muy bien qué les pueden mandar y qué no, así que muchas veces están en la base, de guardia, pasando las horas«.
A partir de este año, además, los celadores tampoco pueden realizar guardias ni incendios ni ser jefes de extinción por ser personal laboral y no funcionarios de carrera, a raíz de una sentencia judicial.
¿Qué ha hecho la Junta?
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León aprobó a finales del mes pasado la inyección de 15 millones de euros en la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), —una entidad mercantil a través de la que se instrumenta lo relacionado con la gestión forestal en esta comunidad— para financiar la prestación de servicios del operativo de prevención y extinción de incendios forestales durante los años 2026 y 2027.
La cuantía, señalaba la información que dieron a conocer, se distribuirá en 5 millones de euros en 2026 y 10 millones en 2027, con el objetivo de «garantizar el funcionamiento y la mejora continua del operativo autonómico mediante la incorporación de nuevos medios gestionados por la empresa pública«.
Esto se traduce en la compra de maquinaria pesada y cisternas o autobombas nodriza, pero ¿qué pasa con las personas que deben manejarlas?
