El Ayuntamiento PP-Vox impide a las personas más vulnerables visitar los pisos que se les adjudican antes de aceptarlos y pagar la fianza
«Alquiler a ciegas». Así titula el periodista José Luis Fernández del Corral la denuncia que hace pública en su blog este viernes sobre el protocolo de adjudicación de vivienda pública del Ayuntamiento de Valladolid, modificado recientemente en solitario por el tándem en el gobierno, PP-Vox, y criticado contundentemente por los grupos en la oposición, PSOE y Toma la Palabra.
La denuncia parte del caso de una víctima de esta vulneración de derechos que relata el viacrucis que está pasando desde que se le adjudicó una de las denominadas ‘viviendas blancas’, las destinadas a los colectivos más vulnerables, es decir, las personas con menos ingresos.
Firmar sin ver lo que aceptas y sin poder negarte
Paloma, que así se llama la denunciante, explica cómo a los adjudicatarios de estas viviendas se les obliga a firmar que declaran que conocen que la vivienda se encuentra en buenas condiciones para uso residencial, al mismo tiempo que se les impide visitarla. Si no se firma la aceptación a ciegas, se considera que se rechaza la vivienda y, por tanto, no se podrá optar a otra vivienda social en los siguientes cinco años. Se trata de un laberinto administrativo del que es difícil salir y en el que Paloma lleva un año sumergida.
El Ayuntamiento, cuenta esta vallisoletana, le asignó en la convocatoria de 2024 una vivienda de 54 metros en el barrio de Delicias de Valladolid por 219,28 euros mensuales. No pudo saber ni el número de la calle ni el piso. Se le dio un pequeño plazo para aceptar la vivienda y se le entregaron fotocopias del protocolo y del borrador del futuro contrato junto a un reportaje fotográfico desactualizado.
En agosto de 2025, sin haber podido ver el piso, la futura inquilina firmó la aceptación de la vivienda previo ingreso de un mes de fianza, y ese mismo día registró un escrito de queja dejando constancia de que le obligaban a firmar un contrato sin ver su estado real ni su contenido. De aquello se ha cumplido un año sin que el Ayuntamiento le haya entregado el piso por el que pagó fianza y sin que aún haya podido entrar a verlo. Las respuestas a sus quejas por el retraso refieren la «corrección de deficiencias» y trabajos de adecuación para «garantizar la habitabilidad», aún sin fecha de entrega.
Críticas de la oposición a los cambios en el protocolo
El protocolo anterior a la entrada en el gobierno municipal de derecha y ultraderecha, aprobado por el gobierno de coalición PSOE-Valladolid Toma la Palabra en 2022, sí permitía ver los pisos antes de firmar el contrato. El actual equipo de Jesús Julio Carnero eliminó este derecho en octubre de 2024 y se ha negado a rectificar, pese a las exigencias de los dos grupos de la oposición en los últimos dos años.
La crítica de las izquierdas apela a “la diferencia de trato”, a que “ni siquiera se permite visitar el inmueble y conocer la ubicación” y a que se produce una “estigmatización” de los destinatarios de las ‘viviendas blancas’.
La Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) ofrece cinco programas diferentes. El de las llamadas ‘viviendas blancas’ para ‘colectivos en situación de vulnerabilidad’ es el único que, antes de firmar el contrato e incluso antes de aceptar la vivienda, oculta al inquilino el estado real de su futuro hogar. Este abuso de poder del “casero” municipal, añade Fernández del Corral, que relata el caso de Paloma, no pasa con las llamadas “viviendas verdes” (más renta, más ingresos), ni con el general, ni con el de mayores de 65 años, ni con el de menores de 36. Sólo en el de las rentas más bajas, el de los inquilinos con menos ingresos, lo que supone una clara discriminación hacia las personas que menos tienen.
El mismo día que el Ayuntamiento de PP y Vox rechazó la petición de la izquierda de recuperar la posibilidad de que los inquilinos vulnerables comprueben dónde van a vivir, la derecha cambió, por añadidura, el protocolo para imponer un “discriminador” criterio de arraigo (tres años de empadronamiento previo, en lugar de uno que se exigía anteriormente) para tener derecho a una vivienda social.
