Según datos provisionales, el mayor incendio de la historia de España ha quemado ya 37.800 hectáreas y, aunque controlado, sigue sin darse por extinguido
El incendio de Burgohondo (Ávila) llega finalmente a los tribunales tras la detención el pasado 24 de julio de un individuo como presunto autor de la chispa que provocó el desastre a causa de la utilización de maquinaria pesada en lugar prohibido y en momento prohibido, en días de alerta por riesgo de incendio y sin autorización administrativa. La Guardia Civil investigaba, además, a otra persona por los mismos hechos.
Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo el 22 de julio —solo dos días antes de la detención del presunto culpable— y que no se ha dado por controlado hasta el 15 de agosto, aunque aún no consta como extinguido, según los datos oficiales de la Junta.
La investigación se sigue, de manera indiciaria, por los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente, explica el TSJ, y se ha adoptado tras la recepción y examen del atestado inicial elaborado por el SEPRONA de la Guardia Civil.
El órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio.
Durante la fase de instrucción, concluye el TSJ, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
33.900 hectáreas de superficie forestal abrasadas por el fuego
El 21 de agosto, la Junta de Castilla y León redujo el número de hectáreas quemadas, que inicialmente se cifró en torno a las 50.000, a 37.800, datos aún provisionales basados en las imágenes obtenidas a través del satélite SENTINEL de la Unión Europea.
Estos datos deberán corroborarse, explicaba entonces Medio Ambiente, con los datos que arrojen los trabajos de campo, si bien se establecía que 33.900 de esas hectáreas eran de naturaleza forestal, teniendo en cuenta solamente los daños registrados en la provincia abulense, y sin incluir la superficie quemada en la Comunidad de Madrid, cuyos incendios llegaron a solaparse con los de Castilla y León.
La información técnica, estructurada según los criterios establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para sus estadísticas identifica un número de hectáreas inferior a la valoración indicada en los primeros momentos tras dar por controlado el incendio y cifra en 27.600 hectáreas la superficie arbolada afectada en esta provincia.
