La persistencia de la ultraderecha en sus ataques a la SEMINCI y los anunciados vetos en las subvenciones al cine agitan las voces contra el adoctrinamiento de Vox
Tan pronto como tocan poder, los nostálgicos de la Semana de Cine Religioso de Valladolid que comenzó siendo la SEMINCI hace setenta años se lanzan a poner en duda su calidad aprovechando titulares que llenan de retrógradas soflamas ideológicas contra el avance de los tiempos, la apertura de las mentes y la evolución social que nos han traído hasta 2026. Lo hizo el inefable ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Mañueco, Juan García-Gallardo, en 2022, cuando la Semana Internacional de Cine cumplía 67 ediciones, y lo ha vuelto a hacer esta semana el actual consejero de Cultura de Vox, José Alberto Díaz Pico, cuando el certamen alcanza los 71 años.
El uno acusó al festival de “desviarse en algunos aspectos de la finalidad que tenía, y apostar por proyectos puramente ideológicos dirigidos a probar una ingeniería social de género y verde que no hemos querido apoyar”, algo que, según dijo entonces, “se ha visto reflejado en el expediente de subvención que ha tramitado la Consejería de Cultura”; y el otro se descuelga ahora con que la SEMINCI «tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica».
Gallardo aseguró que garantizaba el apoyo de la Junta, con 250.000 euros de subvención para su celebración, pero vinculó el apoyo a la ausencia de «sectarismo» y Díaz Pico, cuya aportación a la SEMINCI en estos 4 años ha crecido solo en 10.000 euros, subraya que su departamento convocará subvenciones bajo los principios de «objetividad, pluralismo y neutralidad institucional».
Díaz Pico promete, por tanto, neutralidad institucional, al tiempo que ejerce en sentido contrario desde la propia institución, porque a renglón seguido afirma que creará «un comité técnico y de expertos» encargado de analizar qué proyectos audiovisuales pueden quedar excluidos de las ayudas por considerar que presentan contenidos ideologizados o de adoctrinamiento.
Por si ello fuera poco, remata mostrando su oposición a los supuestos «sesgos ideológicos que impone el Ministerio de Cultura actual» y criticando que se financien «producciones que no ve nadie», frase entresacada del archivador de su ideario que ya hemos escuchado otras veces.
El Ministerio impugna las convocatorias ultras de subvención a la cinematografía por los «riesgos de censura» que conllevan
Afortunadamente, lo reaccionario provoca todavía en esta tierra una cascada de reacciones, la más reciente dada a conocer esta misma mañana por el Ministerio de Cultura, que ha presentado un requerimiento por las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026.
Esas órdenes, advierte el departamento de Ernest Urtasun, incluyen una cláusula que señala que “no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Cultura ve «indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad, por lo que ha procedido a presentar un requerimiento con el que se abre la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias».
¿Qué considera Vox «adoctrinamiento ideológico»?
El PSOE de Castilla y León difundió ayer una batería de catorce preguntas que ha registrado en las Cortes para su respuesta escrita sobre el asunto: ¿Cómo define la Consejería de Vox «adoctrinamiento ideológico»; qué problemas concretos de adoctrinamiento, propaganda partidista o apoyo a opciones políticas ha detectado en proyectos audiovisuales subvencionados; qué criterios objetivos utilizará para determinarlo; qué personas considerará expertos en ese comité que piensa crear o qué contenidos pretende excluir?
Desde UGT Castilla y León se califican las declaraciones de Díaz Pico de «lamentables y deplorables”, además de recordarle que desde la transición democrática, en los años 70, la SEMINCI se convirtió en «una ventana para descubrir por primera vez en España películas hasta ese momento prohibidas o censuradas”, cosa que ahora él parece querer combatir con su propia censura, pretendiendo “decidir con un sesgo evidente qué es válido y qué no”, lo que desde la organización sindical tachan de “profundamente antidemocrático”.
UGT recuerda, además, que estas declaraciones llegan tras la cancelación de una obra en el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid sobre Lorca. «Si el consejero de Vox cree que hay algún problema en alguna película que se expone, existen mecanismos para solucionarlo, pero ninguno pasa por su sesgo ideológico (que lo tiene y no oculta), y por censurar un festival que se creó en la época de la dictadura y que el consejero quiere volver a esa oscura y lamentable etapa”.
Condicionar la concesión de ayudas públicas a la orientación política de los proyectos es “un mecanismo velado de adoctrinamiento y control”
Por su parte, CCOO Castilla y León ahonda en el sesgo ideológico que impone Vox a la cultura de la comunidad tras el trampantojo de pretender una batalla contra él. El presidente de la Fundación Jesús Pereda, Luis Fernández Bayón, manifiesta su «profunda preocupación ante los últimos movimientos e iniciativas de la extrema derecha dirigidos a introducir criterios políticos e ideológicos en la gestión de la cultura en nuestra comunidad».
Bayón advierte que condicionar la concesión de ayudas públicas a la producción cinematográfica según la orientación política de los proyectos constituye “un mecanismo velado de adoctrinamiento y control”. Aunque no se prohíba formalmente rodar una película, incide, la asfixia o el condicionamiento financiero provocan un “efecto desaliento” llevando a creadores, cineastas y productoras a la autocensura y a “evitar determinados temas por miedo a quedarse sin financiación”.
Fernández Bayón considera que la libertad artística e intelectual no puede estar sometida a los vaivenes políticos “ni a la arbitrariedad de quien gobierne en cada momento” y que las ayudas públicas deben responder a criterios puramente “transparentes, objetivos y profesionales, evaluados por expertos del sector”, y jamás a la afinidad ideológica de los responsables políticos de turno.
Asimismo, el sindicalista enmarca la propuesta sobre el cine dentro de una estrategia sistemática de recortes a la libertad de expresión en la región, porque no es un hecho aislado. La pretensión de tutelar el cine se suma a “los graves episodios de censura previa que venimos detectando en las bibliotecas públicas de nuestra comunidad”, así como a la reciente suspensión y censura de la exposición del fotógrafo Íñigo Varona por parte de la Diputación de Valladolid.
CCOO reitera que la cultura es un derecho fundamental y “un pilar democrático esencial que debe garantizar la diversidad, el pluralismo y el pensamiento crítico”. Por ello, la organización exige a las instituciones de Castilla y León que velen por la neutralidad en la gestión cultural y defiendan a los profesionales del sector frente a cualquier intento de injerencia o veto ideológico.
