Su «Consejo de alcaldes y alcaldesas» propone un pacto social y promete intermediar con propietarios de casas vacías
A poco más de dos meses de la convocatoria electoral en Castilla y León, el PSOE reúne a sus alcaldes y alcaldesas con la intención de dar la cara al principal problema de la ciudadanía, situado además en el foco mediático, que convierte así en uno de los focos principales de su discurso: la vivienda.
Aprobada en ese encuentro, celebrado este sábado en Palencia, el PSOE firma una resolución de seis puntos que considera básicos y a los que se compromete, de darse la vuelta el marcador y hacerse realidad el cambio de gobierno en la comunidad, a cuyo timón pretende encaramarse el soriano Carlos Martínez.
Intervenir el mercado con prioridad en el alquiler
Además de la planificación territorial y el «desarrollo de políticas públicas efectivas» para garantizar el «derecho al hogar recogido en la Constitución», los socialistas apuestan por constituir un consorcio que aborde el caos actual de precios, fundamentalmente de alquiler, en el que sitúan a ayuntamientos y diputaciones, que consideran «protagonistas fundamentales» para intervenir en el mercado, adquirir suelo, promover vivienda pública asequible y coordinar estudios de necesidades en entornos rurales.
Un «derecho subjetivo» para jóvenes, mayores y familias
El PSOE reconoce el «derecho subjetivo» de jóvenes, mayores y familias para que pagar un lugar donde vivir deje de ser una pesadilla cada mes, e insiste en el desarrollo de promoción de vivienda pública, mayoritariamente en régimen de alquiler, con niveles de renta asequibles para los ingresos de la unidad convivencial.
Pero algo igual de importante que crearla es asegurarse de que las viviendas calificadas como protegidas mantengan esa calificación de por vida. «No tiene sentido hacer inversiones tan importantes de dinero público y que en pocos años pierda la calificación y se pueda especular con ellas», afirman en la resolución.
La necesidad de un pacto social
El PSOE de Castilla y León promete trabajar por un Pacto Social por la Vivienda con entidades, asociaciones, colegios, universidad y tercer sector.
Y concluyen, taxativos: «Intervendremos en el mercado libre de alquiler desarrollando un programa de intermediación con propietarios de viviendas vacías que nos permita adjudicar dichas viviendas a unidades convivenciales de un registro de demandantes cuya renta no supera el 30% de sus ingresos, ofreciendo seguridad en el pago y garantía de devolución la vivienda en el estado que la dejó».
