La Plataforma Social acusa a la Junta de Castilla y León de estar cobrando indebidamente a personas con altos grados de dependencia por ser usuarias de residencias o centros de día públicos y le pide explicaciones acerca de cómo va a aplicar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a un usuario que reclamó el copago al que se le obligaba desde la administración.
Este colectivo de asociaciones que lucha por lo público en todo lo relativo a servicios sociales y defensa de los más vulnerables se pregunta hasta cuándo va a guardar silencio el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco a este respecto, así como hasta cuándo va a seguir cobrando de forma indebida a estas personas que reciben servicios y prestaciones de la ley de la Dependencia.
La Plataforma explica que el pasado 23 de junio, una sentencia del Supremo obligaba a la administración autonómica a devolver a una persona con Grado III de dependencia y 92 por ciento de discapacidad las cantidades que venía abonando a la Gerencia de Servicios Sociales en concepto de copago por los servicios de atención residencial y de centro de día.
Esta sentencia viene a sumarse a otras anteriores que han obligado al Gobierno autonómico a dejar de descontar a las familias la cuantía de la prestación por hijo a cargo, un descuento que venía realizando también de forma indebida y suponía, dice la Plataforma, un grave perjuicio económico a las familias.
El cobro indebido por los servicios públicos
La sentencia del Tribunal Supremo establece que el copago por los servicios públicos a las personas en situación de dependencia se debe regular por una ley y no por un decreto; ley que debería incluir también cómo se determinan las cuantías económicas que se conceden a través de la prestación económica vinculada.
Esto, consideran, tiene varias consecuencias para el Gobierno autonómico. Por un lado, afirman, rebate el criterio de la Junta, que hasta ahora mantenía que la asistencia a una residencia o un centro de día es una opción voluntaria de la persona en situación de dependencia, mientras la sentencia establece que cuando una persona tiene grado III de dependencia, la administración tiene la obligación de facilitarle una plaza pública o concertada. Añaden que posiblemente esto pueda afectar, asimismo, a las personas que acceden a estos servicios a través de la prestación económica vinculada.
Por otro lado, aseguran que la Gerencia de Servicios Sociales tiene ahora la obligación de devolver los copagos realizados en los cuatro años anteriores a la fecha en que se presentó la denuncia, puesto que, aunque la sentencia sólo afecta a la persona que denunció, la devolución de los copagos de los últimos cuatro años tendrá que realizarse a todas las personas que lo denuncien acogiéndose a ella.
Por último, avanzan que la decisión del Supremo puede afectar también a las personas en situación de dependencia con Grados I y II que acceden a un servicio público.
Más de 120.000 personas en Castilla y León
Según los datos de la Plataforma, son más de 120.000 las personas con un grado de dependencia reconocido en Castilla y León que se acogen a un servicio público o reciben una prestación económica vinculada.
La Plataforma se pregunta cuándo piensa la Junta de Castilla y León presentar un proyecto de ley que regule los precios públicos de los servicios que se prestan a las personas en situación de dependencia, y afirma que esta situación no es nueva, puesto que los Servicios Sociales de la comunidad autónoma «vienen gestionando la ley de una forma que perjudica a las personas en esta situación».
El pasado mes de abril la Plataforma Social denunció también que la Junta tuvo que dejar de computar la prestación por hijo a cargo, como consecuencia de las reiteradas sentencias que establecían que estaba cobrando y reduciendo las cuantías de las prestaciones económicas de forma indebida.
