Comisiones Obreras Castilla y León denuncia a Quiñones y Gago por vulneración de derechos en salud laboral y prevaricación
Afortunadamente, el humo de los incendios del pasado verano no se apaga durante el invierno, igual que no se acaban sus consecuencias y sus pérdidas humanas, medioambientales, materiales y emocionales, así como la empatía ciudadana por quienes las sufrieron y lo que supusieron —y supondrán— en nuestra comunidad autónoma.
Este 23 de febrero, Comisiones Obreras Castilla y León ha colocado un nuevo escalón frente a quienes pretenden seguir sus vidas como si nada de aquello hubiera pasado. El sindicato denuncia al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, al de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por la vulneración de los derechos en materia de salud laboral y la prevaricación de la administración.
«Un acto de responsabilidad ante la absoluta inacción»
CCOO Castilla y León ha tomado, señala, «en un acto de responsabilidad», acciones legales contra altos mandos del ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco «ante la absoluta inacción en sus deberes». Una denuncia que para la secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández de los Muros, tiene que ver “con la vida de las personas trabajadoras”.
El responsable de medio ambiente de FSC CCOO CyL, José Ramón Jiménez, ha agradecido “la labor de recopilación” de los delegados y delegadas de CCOO de toda la documentación, testimonios, informes y actas que conforman los más de 100 folios de la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción de Valladolid.
En el texto, se denuncia una vulneración sistemática de los tiempos máximos de trabajo, con jornadas de más de 20 horas en incendios, el uso reiterado e inadecuado de los Equipos de Protección Individual o el absoluto incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la administración autonómica. Todo ello supone, en palabras del secretario general de FSC CCOO CyL, Jesús García, “una desastrosa gestión alejada de la realidad de la comunidad”.
El sindicato considera que la Junta de Castilla y León está incurriendo en un delito contra la seguridad y salud en el trabajo y otro de prevaricación (artículos 316 y 404 del Código Penal) ante el incumplimiento, de “forma deliberada”, de numerosas resoluciones de la Inspección de Trabajo que velan por la salud y seguridad de los equipos de extinción de incendios.
CCOO Castilla y León lamenta que la Junta no “quiera avanzar en el camino de la mejora de las condiciones laborales de su personal” y confía en que las instancias judiciales den la razón a los y las trabajadoras en sus reclamaciones ante la “imposible” posibilidad negociadora de la Junta denunciada por Fernández de los Muros.
