El 52,36% de los incendios forestales de este año fueron intencionados o producto de negligencias y otro 33% fue catalogado como ‘accidental’
Los datos de la Consejería de Medio Ambiente recabados por laperiodista.es muestran que, un año más, el ser humano sigue detrás de la masacre de nuestra superficie forestal. Un 52,36% de los incendios que se ensañaron con Castilla y León fueron intencionados (el 42%) o producto de negligencias (el 11%) y otro 23% fue catalogado como ‘accidental’. Solo el 9% de los 2.009 incendios declarados desde el uno de enero hasta el trece de septiembre fueron consecuencia de fenómenos naturales (rayos).
De esos 2.009 incendios registrados, según datos oficiales, 840 fueron intencionados; 455 fueron accidentales y 212 causados por negligencias. En el recuento de siniestros investigado por la administración autonómica figuran otros 190 a consecuencia de rayos y 284 sin causa conocida.
Desgraciadamente, los que prendió nuestra especie fueron los más virulentos y los que más superficie forestal quemaron, los que más medios de extinción requirieron y los que más emergencias de protección civil provocaron. Según estas mismas fuentes, las negligencias ocupan el primer puesto del podio con casi 35.000 hectáreas de superficie forestal perdidas y la intencionalidad se ocupó de abrasar las más de 10.000 restantes.
El cáncer de las negligencias detrás de los incendios forestales
Las constantes olas de calor del verano, con temperaturas por encima de los 35 grados, humedades inferiores al 10% y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, han provocado numerosas declaraciones de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad en los niveles muy alto y extremo.
Entre las restricciones principales de estas alertas destacan la prohibición de usar maquinaria agrícola autopropulsada, como cosechadoras o empacadoras, a menos de 400 metros del monte entre las 12:00 y las 20:00 horas, así como cosas tan evidentes como hacer barbacoas en espacios abiertos, la pirotecnia o el uso de herramientas que generen chispas en terrenos forestales.
Lamentablemente, aunque esto parezca una perogrullada, es necesario recordarlo, porque sigue ocurriendo, y porque más de la mitad de los incendios, y en especial los más graves en la historia de nuestro país, llevan el sello de la imprudencia —11 personas murieron en el incendio de Riba de Saelices, Guadalajara, en 2005, y 13.000 hectáreas ardieron a causa de una barbacoa encendida al borde de un pinar—. Las negligencias son marca de la casa de la mano del hombre, que año tras año sigue saltándose las normas: ya no solo las escritas, sino también las del sentido común.
Otra de ellas inició este verano el incendio de Burgohondo, en Ávila, que volvió a batir el récord histórico de hectáreas quemadas en la comunidad autónoma: 37.818 a día de hoy de las que 33.943 son superficie forestal. Se originó el 22 de julio a las 13 horas y fue declarado de Nivel 2 a las diez y media de la noche de ese mismo día. Dos días después, la Guardia Civil comunicó la detención de un hombre y la investigación a otro como posibles autores de una gravísima negligencia: «La investigación, llevada a cabo por el SEPRONA de la provincia de Ávila, ha determinado que el origen ha sido una chispa causada por el empleo de maquinaria pesada en una zona prohibida«. Los implicados no solo usaban la maquinaria en el lugar prohibido, sino que lo hacían además en el momento prohibido, en días de alerta y sin autorización administrativa. Un completo.
Quemar sale barato
Aunque son frecuentes las noticias de investigaciones y detenciones por estos hechos, desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, APAMCYL, se lamenta que pocos de los procedimientos abiertos concluyen con sanciones ejemplarizantes y menos aún con exigencia de responsabilidad penal.
El presidente de APAMCYL, Esaú Escolar, compara las sanciones que conlleva, por ejemplo, portar una trucha muerta en un tramo en el que se obliga a soltarlas vivas en el río (3.000 euros, según la Ley de Pesca de Castilla y León) con las que se imponen por uso negligente del fuego, que pueden suponer multas irrisorias, de hasta 75 euros por pronto pago, si no se producen daños o los daños se consideran leves.
Las acciones que contravienen lo que dicta la Orden de 2013 que regula el uso del fuego en Castilla y León son sancionadas según los baremos de la Ley estatal de Montes de 2003. En el artículo 67, puntos d) y e) de esta última se consideran infracciones el empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, lugares o para actividades no autorizadas y el incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Sin embargo, el artículo siguiente, el 68, que clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, no cita expresamente los puntos d) y e), dejando al arbitrio de la comunidad autónoma la imposición de la multa que corresponda, desde los 100 euros de una infracción leve hasta el millón de una muy grave.
Escolar explica que, cuando pillan a alguien con las manos en la masa, los agentes medioambientales, del mismo modo que los de la guardia civil, elevan una denuncia a los servicios territoriales, donde los instructores sancionadores evalúan la gravedad del hecho y sus consecuencias. «Hay muchas cuestiones a valorar, pero en general», señala, «el uso negligente del fuego en época de peligro alto está muy poco sancionado si no se producen daños o los daños son escasos, y eso genera impunidad en la gente, que pasa de todo: utilizan maquinaria cuando no se puede, no cumplen las normas o se ponen a hacer una barbacoa en su finca a finales de julio en un día de viento de la leche».
El 2 de septiembre, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ávila inició diligencias previas para investigar el incendio forestal de Burgohondo. El martes pasado, 15 de septiembre, Medio Ambiente compartía un par de fotos en sus redes sociales: «Está todo aparentemente tranquilo y, de repente, un crujido avisa de la caída de un árbol, se ve salir humo y, efectivamente, hay llama. Una reactivación más en el #IFBurgohondo donde un mes después de darlo por controlado aún sucede».
El incendio de Ávila sigue sin darse por extinguido casi dos meses después. Sus daños ambientales, paisajísticos, sociales, económicos, emocionales, las pérdidas provocadas y sus costes, en extinción, en protección civil, probablemente sean incalculables. Fue una negligencia más. ¿Cuántas nos quedan por sufrir?
