El permiso de residencia, en su mayoría por arraigo sociolaboral, les permite trabajar con plenos derechos en la comunidad
Los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración sitúan a Castilla y León, a fecha 31 de diciembre de 2025, con un 13% de media (más en algunas provincias y menos en otras) de personas inmigrantes con autorización de residencia por arraigo (en su mayoría sociolaboral —el 86% de media en el país—), con respecto al total en régimen de extranjería. Son más de 13.000 personas que trabajan en las nueve provincias de la comunidad gracias a esta vía que permite la inserción laboral.
Por provincias, la que cuenta con un mayor número de personas con autorización de residencia por arraigo en Castilla y León es Valladolid, con 2.612, seguida de Burgos, con 2.218, León con 1.818, Salamanca con 1.638, Ávila con 1.311, Palencia con 1.123, Segovia con 953, Zamora con 871 y Soria con 521.
No obstante, en total, a 31 de diciembre de 2025, según datos del Consejo Económico y Social de Castilla y León, estaban afiliados a la Seguridad Social en la comunidad un total de 98.859 inmigrantes, cifras ambas que demuestran la importancia que tiene el trabajo de estas personas en el desarrollo de esta tierra y el papel del arraigo, sea sociolaboral, social o familiar, como mecanismo estable para que puedan integrarse plenamente en la economía, cotizar, emprender y participar en la vida social con todas las garantías.
Son, a menudo, estas personas que acogemos en nuestras provincias, y especialmente en nuestro medio rural, las que en buena parte sostienen los establecimientos comerciales y hosteleros que los autóctonos abandonamos.
Crecimientos exponenciales en Soria y Segovia
El número de personas de 16 y más años afiliadas a la Seguridad Social con una autorización de residencia por arraigo en vigor ha aumentado a nivel nacional un 39,1% en el último año, llegando a 214.085 personas a fecha de 31 de diciembre de 2025, lo que supone el 55% de las personas de 16 años y más.
El Observatorio incide en que, como es de imaginar, son Madrid y Barcelona las provincias que concentran el 31% de las personas con una autorización de arraigo en vigor a 31 de diciembre de 2025 —en total 214.000 —un 40% más que hace un año—, con 65.816 y 57.553 personas, respectivamente. Les siguen Valencia (22.226; 6%) y Alicante (20.311; 5%). Sin embargo, destaca el Observatorio que con respecto al resto de provincias españolas, hay que destacar las claras tendencias de incremento, con crecimientos anuales por encima del 70%, de Cáceres (75,4%), Segovia (93,7%) y Soria (101,9%).
Hostelería, administración, construcción y comercio
La edad media de estas personas afiliadas es de 36 años y el 45% son mujeres, mientras que los sectores de actividad predominantes que ocupan estos trabajadores y trabajadoras son la hostelería (17%), las actividades administrativas (14%), la construcción (13%) y el comercio (13%).
Las nacionalidades más representativas son la colombiana, con 61.721 personas afiliadas en toda España (29% del total), la marroquí, con menos de la mitad, y la peruana, seguidas de las nacionalidades hondureña, paraguaya, cubana y venezolana.
Una ley del año 2000 que entró en vigor en 2005
En la actualidad, las personas extranjeras que se encuentran en España sin documentación de residencia (o estancia) en vigor solo pueden regularizar su situación administrativa si sus circunstancias encajan en alguno de los supuestos definidos por la Ley como circunstancias excepcionales que justifican la concesión de una autorización de residencia temporal.
Entre esas circunstancias, el arraigo es mencionado expresamente desde el año 2000, en el art. 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social. Sin embargo, la posibilidad de obtener una autorización de residencia por arraigo se desarrolló más detalladamente mediante la aprobación del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Por lo tanto, no se implementó en la práctica administrativa hasta el año 2005, después de que se completara el proceso de regularización documental para personas extranjeras previsto en la Disposición Adicional 3ª de ese mismo Real Decreto.
Esta mañana mismo, pensaba que deberíamos hacer un simulacro de un día o dos sin nuestros vecinos de otros países ¿cuántas cosas dejarían de funcionar? Y que empobrecimiento…
Y ya de paso para todas estas gentes negacionistas (es eufemismo) que estén sin servicios públicos, sin sindicatos ni derechos laborales.
No hay más ciego…