Vox, siempre un paso por delante, cierra con el PP el letargo del gobierno de Castilla y León y el parto de la prioridad nacional
Ochenta días han tardado en ponerse de acuerdo PP y Vox en Castilla y León desde que se recontaron los votos de las urnas el 15 de marzo; no porque no pudieran haberse puesto de acuerdo el primer día, sino porque los intereses de un partido y del otro ponían el acuerdo al ralentí, no sea que fuera a estropearles algo en otro lugar de la península ibérica, porque es sabido que los intereses de los castellanos y las leonesas siempre van supeditados a la estrategia política nacional y a lo que se diga más allá del túnel de Guadarrama.
Así que hemos llegado a este 3 de junio de 2026 que no pocos periodistas cercanos a los partidos de la derecha ya tenían subrayado en el calendario, y hoy, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, presidenciable y vicepresidenciable respectivamente, bajaban medio sonrientes las escaleras desde el segundo piso de las Cortes hasta el primero, donde esperaba la prensa para recoger sus imágenes y sus declaraciones. Vox siempre un paso por delante.

¿Qué dice el acuerdo?
Los resúmenes siempre son parciales, así que lo mejor es leerlo íntegro. Y este es el texto íntegro, por si alguien pudiera querer leerlo entero en sus 62 páginas:
Los principios del acuerdo son infinitivos sin mucho detalle, pero con fecha de 2027 o años siguientes, que se sustentan sobre verbos como «impulsar», «reforzar», «generalizar», «elaborar» y otra vez «reforzar» e «impulsar». Y a eso se reducen las medidas al empleo y al emprendimiento en esta comunidad. A impulsar y reforzar. Eso sí, atención, autónomos: garantizan la cuota cero durante los primeros 24 meses de actividad. Conviene tomar nota de esto.
El texto «impulsa, desarrolla, refuerza y ayuda» también al comercio y «apuesta» por la «puesta en valor del patrimonio cultural», ese que va derrumbándose poco a poco en pueblos y aldeas del uno al otro confín y que se sostiene, eso sí, en monumentos franquistas como la Pirámide de los Italianos.
Menos impuestos «para todos», sin distinción
Muy en la línea de las formaciones de derechas, aquí no va a apostarse por ayudar a los vulnerables, sino que se reducen los impuestos a todos, en general. Da igual si cobras 600 euros al mes por media jornada trabajando en un bar o si facturas 100.000 mensuales en tu consultoría, porque no se te pedirá que aportes proporcionalmente a lo que ingresas. Luego, eso sí, —hasta que reviente— puedes usar la sanidad pública cuando lo necesites, aunque buena parte de tus gastos sanitarios los estén sufragando al mismo nivel que tú quienes no llegan a final de mes o transitar por las carreteras recién asfaltadas —también hasta que revienten— que se arreglan con los impuestos de todos. Pero a eso se le llama bajar impuestos. A todos.
El texto continúa con minas contra el «sanchismo» en lo que se refiere a la financiación autonómica y contra parques fotovoltaicos y eólicos, pero muy llamativo es que PP y Vox se comprometan a la finalización de numerosas infraestructuras que no son de su competencia, como la Autovía del Duero, la famosa A11 en la que se acumulan accidentes mortales desde hace décadas, o la Valladolid-León. ¿En serio va a terminarlas este nuevo gobierno autonómico? ¿Y con qué impuestos, si los va a reducir todos? Lo mismo con las rutas ferroviarias y con los soterramientos en Valladolid, Palencia y León y lanzaderas AVE. Si por prometer…
Por supuesto, los agricultores
Como era de prever, Agricultura era una de las áreas que Vox se llevaría a su casa, porque allí es donde está su granero de votos. Así que, lógicamente, se comprometen a «blindar» el sector primario frente la hidra de siete cabezas de la Agenda 2030, esta que ninguno de ellos sabría explicar, pero que es el enemigo público número dos, solo después de los menores extranjeros no acompañados, que lógicamente son el enemigo público número uno y la razón por la que este mismo Vox que ahora se casa, de nuevo con el Partido Popular de Mañueco, se divorció abrupta y traumáticamente hace dos años, en 2024, cuando Abascal tocó la corneta, algo que no extrañaría a nadie que vuelva a suceder, si los intereses de ambos partidos vuelven a chocar.
«No más menores extranjeros»
Y a estas alturas conviene centrar la atención en el punto 10, relativo a la inmigración, que señala, literalmente, con las firmas de PP y Vox a su margen: «No más menores extranjeros no acompañados. Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central», dicen. A esto se comprometen «desde el arranque del gobierno», es decir, desde pasado mañana, como quien dice. La obsesión de Abascal se materializa también en Castilla y León.
De igual modo se arrastra a esta comunidad autónoma el «Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal», la «supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal» y «ni un nuevo centro de acogida a inmigrantes ilegales», así como el «endurecimiento del régimen interno en centros de menores».
Por supuesto, no podía faltar, en el punto 10.8, la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas a quienes «mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio» y la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos. Porque eso, que, como todo el mundo sabe es uno de los mayores problemas de esta tierra, también estará prohibido en Castilla y León a partir de ya.
Y sobre los problemas reales de esta tierra, es decir, la despoblación, vuelven al verbo «impulsar un ‘Plan Rural’ para atraer población, incluyendo medidas fiscales, de refuerzo de los servicios públicos, de vivienda, de transporte y de impulso a la actividad económica en el medio rural», que sin inmigrantes que los devuelvan a la vida, ya nos explicarán cómo lo van a hacer.
La sanidad, la educación y la vivienda en modo Vox
En lo que respecta a la sanidad en el medio rural, los mismos principios generales, o sea, «garantizar la accesibilidad». ¿Cómo? Dicen que un helicóptero medicalizado más por provincia y dos en León, para que la provincia no proteste. ¿El resto? «Se continuará, se potenciará y se fomentará» y, claro, «se implementará una nueva estrategia oncológica» durante la legislatura. Sin plazos.
En educación también se impulsará, se desarrollará y se defenderá, manteniendo en los planes de estudio la historia del terrorismo. Del terrorismo machista no se dice nada, porque para la ultraderecha no es un problema, ya saben. ¿Y en vivienda? Prometen incrementar en un 80% la inversión y cómo no, «impulsar» la política de vivienda en Castilla y León, pero subrayan la «oposición frontal a la nueva Ley de vivienda» sanchista y la «aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas». Cabe preguntarse quiénes son las víctimas.
El acuerdo termina repartiendo sillones, pero antes incide en «la libertad frente al adoctrinamiento»: la famosa Ley de Concordia vuelve al escenario autonómico. La intención de las derechas es que esa ley «supere y actualice el marco normativo vigente, y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León».
Para los tratamientos de cáncer no se fijan plazos, pero para esto sí. Si nadie lo remedia y si el acuerdo de gobierno no estalla antes, esta ley, cuyo objetivo es difuminar la violencia de género, pretende estar aprobada antes de junio de 2027, es decir, en menos de un año.


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