Niegan el incremento de personal, hasta 5.000 efectivos, del que presume la Junta de Castilla y León
Es una coincidencia previsible que «Todo es mentira» sea la primera frase en la que coincidan, palabra por palabra, los portavoces de bomberos forestales y agentes medioambientales de Castilla y León cuando se les pide una valoración sobre la presentación del operativo de incendios 2026 que acaba de hacer el aún consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La Junta presentó este miércoles, coincidiendo con el anuncio del acuerdo PP-Vox para el gobierno de la comunidad, como de tapadillo y sabiendo que aquello eclipsaría su protagonismo, la campaña de riesgo alto del Operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales para 2026 para la que se cuenta, dijo Quiñones, con 5.075 profesionales, 35 medios aéreos, 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 365 autobombas y vehículos pick-up, 40 retenes de maquinaria, 15 vehículos PMA, 15 drones y 322 puestos y cámaras de vigilancia distribuidos por toda la Comunidad.
Un operativo que, subrayó Quiñones sin despeinarse, ya trabaja durante todo el año. Y esto no cuadra con lo que explican los portavoces de los profesionales que llevan vidas participando en él, y que, un año más, advierten de que cuando falta poco más de una semana para que oficialmente el riesgo de incendios sea alto, el operativo está, de nuevo, en pañales, porque aún no se ha contratado a un alto porcentaje de los efectivos, a pesar de los 633 incendios que ya ha sufrido la comunidad autónoma (datos oficiales) entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, afortunadamente sin ningún gran incendio forestal (los de más de 500 hectáreas).
En realidad, quienes trabajan todo el año son únicamente los trabajadores públicos, funcionarios y laborales, pero no los de las subcontratas, que finalmente son en su mayoría los que le ponen su cara al fuego en primera fila.
Novedades del operativo 2026 según la Junta
La Junta, sin embargo, presume de haber ampliado los tiempos de trabajo del personal público y empresas a los 12 meses, de haber incrementado el número de cuadrillas, haber modernizado infraestructuras y haber incorporado nuevas tecnologías. Quiñones destaca la incorporación de tres nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida con sus helicópteros, más cuadrillas de tierra, incorporación de drones, más bulldozer, incorporación de tractores y máquinas de gradeo, más PMAs, 3 nodrizas, 62 nuevas cámaras de vigilancia forestal y nuevas herramientas avanzadas para la gestión y seguimiento de incendios forestales.
Subraya el todavía consejero la transición de las cuadrillas contratadas hacia la empresa pública TRAGSA y afirma que el operativo contaba ya con algo más de un tercio de las cuadrillas de tierra de TRAGSA y la mitad de las helitransportadas. En 2026, serán 40 cuadrillas las que pasan a TRAGSA, asegura.
«La gente no quiere ir a incendios, por las condiciones y porque sabemos que esta campaña va a ser dura»
«Es una mentira como la copa un pino», dice uno de los portavoces de ATIFCYL, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, que prefiere no identificarse. «La patronal, ASEMFO, que integra a gran parte de las empresas privadas, se ha plantado y ya ha dicho que casi mil personas no van a acudir a apagar incendios», resume, «y TRAGSA, que tiene la cesión de las cuadrillas a las que se les acababan las contratas, no está siendo capaz de llenarlas; tenía oferta para 350 peones y no están siendo capaces de contratarlos, así que si el día 12 una cuadrilla no está completa —6 más un capataz— está inoperativa, al menos eso es lo que dice el INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León), que si una cuadrilla no está completa, no puede trabajar, aunque otra cosa es lo que hagan, que igual mandan a cuadrillas incompletas».
«Te digo que están contratando a técnicos sin experiencia, y peor es lo de los peones, que la gente no quiere ir a incendios por las condiciones, por lo del año pasado y porque sabemos que esta campaña va a ser dura«, confiesa y añade que desde su asociación no entienden de dónde saca la Junta que el número de efectivos pueda ser de 5.000, cuando el operativo está infradimensionado a día de hoy, parte de las empresas están en huelga y TRAGSA no ha conseguido aún completar los equipos que deben enfrentar las llamas, a una semana del inicio de la época de peligro alto.
«Aquí falta operativo por todos los sitios. Los helicópteros nuevos que nos iban a meter, no sabemos nada de ellos, así que estamos esperando. Y aunque haya más helicópteros, no hay gente suficiente para trabajar en ellos. Luego están las UBAs, Unidades de Brigada y Autobomba, que en vez de meter personal de la Junta han contratado empresas para que se las lleven, así que seguimos con la privatización y contratas nuevas, aunque decían que se tendía a lo público, y a nosotros, en vez de convertirnos en laborales, nos meten en TRAGSA, que sí, es una empresa pública, pero seguimos sin ser personal laboral del operativo de la Junta de Castilla y León».
«Es un cúmulo de cosas que entre compañeros hablamos de que estamos entrando en la campaña como el año pasado, y desde mi punto de vista entramos peor, porque el año pasado no estábamos en esta situación; y a no ser que se resuelva en estos ocho días, esto va a ser imposible. Es la misma película todos los veranos«.
«Eso que pone ahí es todo mentira, ¿sabes?»
Idéntica es la versión desde APAMCYL, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León.
«Eso que pone ahí es todo mentira, ¿sabes?», dice Esaú Escolar, portavoz de la asociación, «porque a fecha de hoy se han cumplido los contratos de las empresas privadas de ASEMFO que tenían los retenes y no se han adjudicado a TRAGSA tampoco, así que no sabemos si los retenes de tierra van a asistir a los incendios forestales, porque es un órdago de ASEMFO, y no son los bomberos forestales, como piensa la opinión pública, los que se niegan a ir, sino estas empresas, en muchas ocasiones propiedad de familiares de los funcionarios que están en los servicios y ven recortado su trozo del pastel, porque se lo van a dar a TRAGSA».
Escolar añade, con respecto al resto del operativo, que se han eliminado las torres de vigilancia sustituyéndolas por cámaras, mientras en invierno el personal de las torres ha estado en las bases sin instrucciones claras de qué hacer. «No hay formación para que el personal que está en una torre en verano tenga medios adecuados para hacer prevención en invierno».
Tampoco hay «ni por asomo» los retenes que aparecen en la información de la Junta, añade Escolar. «Los camiones que han comprado no sabemos quiénes los van a conducir, porque no hay personal; hace unos días, en Ávila, de los 15 camiones autobomba estaban operativos 5; en Zamora, de 15 solo 7; y aproximadamente la mitad de los camiones en todas las provincias no estaban operativos, porque o bien le faltaba el conductor, o bien el manguerista o bien los dos».
El panorama que describen los profesionales que están dentro, lejos de la foto idílica del gobierno autonómico, es desolador. «Todos los datos que aparecen en esa noticia son falsos; ni de coña va a haber el día 12 todo ese personal. Eso es un vendehumo del consejero».
«A ver si el día 12 conseguimos que esté disponible el 50 o 60% del personal propio de la Junta y que de las empresitas pequeñas queden dos o tres retenes por provincia, cuando romeos debería de haber quince o dieciocho en cada una».
