ANA CASADO – VALLADOLID
Ayer nos manifestamos en Valladolid en defensa de una vivienda digna, asequible, accesible y estable para todos y todas, bajo el lema: “La vivienda nos cuesta la vida”. La convocatoria, impulsada por los sindicatos CCOO y UGT, evidencia dos realidades incuestionables: por un lado, que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema urgente para nuestra sociedad y por otro, que las organizaciones que históricamente han defendido derechos fundamentales —como la sanidad pública, la educación o las pensiones— han incorporado con coherencia una nueva reivindicación: el derecho a la vivienda.
Y el lema no es exagerado. Cuando una persona destina más del 60% de sus ingresos a pagar su vivienda, deja de vivir para simplemente sobrevivir. Y difícilmente alguien podría discutir que vivir dignamente es un derecho básico.
La palabra “hogar” evoca seguridad, estabilidad, refugio, vida familiar. Es un espacio donde no debería tener cabida la especulación
En el marco de nuestro Estado de bienestar —que debemos proteger y reivindicar— prefiero hablar de derecho al hogar. No es una cuestión semántica, sino conceptual. La palabra “hogar” evoca seguridad, estabilidad, refugio, vida familiar. Es un espacio donde no debería tener cabida la especulación, ese mal estructural que distorsiona el acceso a la vivienda y dificulta su regulación desde las políticas públicas.
Si los hospitales son la infraestructura del derecho a la salud y los colegios la del derecho a la educación, la vivienda constituye la infraestructura esencial del derecho al hogar. Por tanto, no es solo un bien económico: es un pilar social fundamental.
Los adjetivos calificativos que he atribuido a la vivienda en la primera frase son inherentes y esenciales a la función que esta debe cumplir. Debe ser digna, no solo por imperativo constitucional, sino también porque su finalidad última es contribuir a la dignificación de la persona; asequible, al constituir una de las condiciones económicas más relevantes en el contexto actual; accesible, ya que sin accesibilidad no puede garantizarse plenamente la habitabilidad de la vivienda; y estable, porque debe proporcionar al ocupante la seguridad jurídica necesaria para asegurar la continuidad y permanencia del alquiler mientras este así lo desee, siempre que se respeten las obligaciones contractuales asumidas por las partes.
Los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a garantizar el acceso universal, no a subvencionar adquisiciones privadas
Desde esta perspectiva, resulta lógico defender la necesidad de un parque público de vivienda suficiente, en régimen de alquiler asequible, estable y gestionado por la administración. Esto no implica negar la propiedad privada: quien pueda y quiera comprar una vivienda debe poder hacerlo. Pero los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a garantizar el acceso universal, no a subvencionar adquisiciones privadas. Porque las políticas de vivienda impactan directamente en la salud física, mental y social de la ciudadanía.
Para abordar soluciones, es imprescindible entender el origen del problema. Y aquí sí debemos hablar de vivienda como mercado, porque es ahí donde surge la distorsión. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el acceso al crédito se restringió drásticamente, limitando la compra de vivienda —hasta entonces modelo predominante— mientras la demanda seguía existiendo. En ese contexto emergió con fuerza la especulación.
Los principales actores pasaron a ser grandes inmobiliarias, constructoras y fondos de inversión, cuyo objetivo legítimo es maximizar beneficios
El precio de la vivienda se desvinculó de la realidad socioeconómica, y los principales actores pasaron a ser grandes inmobiliarias, constructoras y fondos de inversión, cuyo objetivo legítimo es maximizar beneficios. El resultado: una escalada sostenida de los precios del alquiler. España pasó así de un modelo basado en la propiedad a otro donde el alquiler gana protagonismo, pero sin las garantías necesarias para la ciudadanía.
Las soluciones no son sencillas, pero sí se pueden identificar algunas líneas de actuación claras: democratizar el precio de la vivienda, limitar la demanda especulativa —uno de los mayores desafíos— y recuperar el uso residencial frente a la proliferación de viviendas turísticas.
En un país descentralizado como España, es fundamental exigir responsabilidades a quienes tienen las competencias en materia de vivienda: las comunidades autónomas. Son ellas las encargadas de gestionar políticas clave para el bienestar ciudadano, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda.
Las políticas deben ser específicas y ajustadas a cada contexto. No tiene sentido aplicar soluciones uniformes a problemas distintos
En el caso de Castilla y León, su Estatuto de Autonomía otorga competencias exclusivas en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, incluyendo la potestad legislativa y ejecutiva. Se trata de competencias irrenunciables: lo que no haga la comunidad autónoma, no lo hará ninguna otra administración.
Sin embargo, se echa en falta una política de vivienda activa, valiente y adaptada a la diversidad territorial. No existe una única realidad: provincias como Valladolid, Burgos o Salamanca presentan tensiones urbanas crecientes; otras como León o Zamora sufren envejecimiento del parque y viviendas vacías; en Soria o Palencia el problema es la falta de oferta y empleo; mientras que en Segovia o Ávila influye la proximidad a Madrid.
Por tanto, las políticas deben ser específicas y ajustadas a cada contexto. No tiene sentido aplicar soluciones uniformes a problemas distintos. Es como acudir a un especialista equivocado: cada diagnóstico requiere su tratamiento.
Muchas de estas políticas siguen ausentes o insuficientemente desarrolladas en un contexto político marcado por la lentitud y la falta de impulso
En este sentido, algunas medidas resultan imprescindibles: incrementar la oferta de vivienda asequible en zonas con alta demanda, rehabilitar y movilizar viviendas vacías donde exista infrautilización, establecer colaboración público-privada en contextos de desarrollo económico y facilitar la emancipación juvenil mediante ayudas eficaces.
A día de hoy, muchas de estas políticas siguen ausentes o insuficientemente desarrolladas en un contexto político marcado por la lentitud y la falta de impulso.
Por último, conviene recordar que la vivienda no puede convertirse en un arma partidista. Es un derecho constitucional y una responsabilidad compartida por todas las administraciones. El objetivo debe ser claro: priorizar a quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda digna.
Porque España —como Europa— no se define por el origen o la apariencia de quienes la habitan, sino por la fortaleza de sus derechos, la igualdad de oportunidades y la capacidad de no dejar a nadie atrás.
La vivienda no puede reducirse a un simple bien de mercado. Es la base material que permite desarrollar un proyecto de vida, quedarse o regresar. Es, en definitiva, la infraestructura del quinto pilar del Estado del bienestar: el derecho al hogar.
