La comunidad ocupaba el séptimo puesto en tasa de suicidios, según los últimos datos publicados en 2024
«De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar«. Este es el objetivo que preside los gráficos de últimos datos publicados sobre el suicidio en España por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2024, en los que Castilla y León ocupa el séptimo lugar entre las comunidades autónomas con una tasa de 8,5 personas que se quitaron la vida durante ese año por cada 100.000 habitantes, por detrás de Asturias, que encabeza el ranking con una tasa de 11,7, Galicia con 10,7, Canarias con 10,05, Andalucía con 9,7, Extremadura con 9,2, y Aragón con 8,9.
El silencio que históricamente ha soterrado este drama se ha roto recientemente, tanto a nivel institucional como en los medios de comunicación, en un giro de ciento ochenta grados que era necesario para afrontar esta realidad social ante la que no podían seguir cerrándose los ojos.
Esta misma semana se daba a conocer la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano creado por el Ministerio de Sanidad que pretende coordinar las políticas de prevención en el país considerando esta materia como una «prioridad estratégica» y un «desafío» para la salud pública.
El Observatorio es parte del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, aún en fase de implementación, al que acompaña el Plan de acción de salud mental 2025-2027, con un presupuesto de 39 millones de euros, y en él se espera que participen intensamente las comunidades autónomas, que tienen las competencias en la materia, así como expertos a los que en Castilla y León pone nombre, dentro del Comité Institucional de las comunidades autónomas la Jefa del Servicio de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Cuidados Paliativos del SACYL, María Ángeles de Álvaro Prieto.
218 personas, en su mayoría hombres, se quitaron la vida en la comunidad en 2024
Las cifras son aterradoras, sobre todo cuando se es consciente de que cada uno de esos fallecimientos por voluntad propia es una onda expansiva de sufrimiento, dolor, culpabilidad e incomprensión en cada entorno familiar y social en el que se produce.
Según los datos de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del suicidio, formada por profesionales de la salud mental e investigadores de distintos hospitales, universidades y centros de investigación de España, de las 3.953 personas que se quitaron la vida en España en 2024, fueron 218 las castellanas y leonesas que decidieron no vivir más. La mayoría, 171, eran hombres, y 47 eran mujeres.
Por grupos de edad, 7 tenían entre 10 y 24 años, un 3,21% del total. Otros 24 estaban en el rango entre los 25 y 39 años (el 11%); casi la mitad (105 personas, el 48,17%) tenían entre 40 y 64 años, y el resto, un porcentaje también mayoritario, el 37, 61%, superaban los 64 años de edad.
La plataforma, de la que forman parte la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBERSAM, el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, o el de Araba, en Vitoria, cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III y cofinanciación europea.
La iniciativa pública contra el suicidio en Castilla y León
Las últimas referencias al suicidio en las políticas públicas de Castilla y León se quedan en el año pasado. La comunidad puso en marcha una Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida con la frontera en los años 2021-2025 basada en datos de 2019, año en el que el número de personas que se quitaron la vida en las nueve provincias fue idéntico al de los últimos datos del INE: 218, también más hombres (165) que mujeres (53), con una tasa bruta anual del 9,05.
La Junta de Castilla y León subrayaba en ese informe que si bien el análisis de las tasas brutas sugería que la mortalidad por suicidio era mayor en Castilla y León que en España, sin embargo, las tasas ajustadas (que tienen en cuenta rasgos como la edad) ponían de manifiesto que esa diferencia era mucho menor, y consideraba los datos previsibles, «teniendo en cuenta el mayor grado de envejecimiento de la Comunidad y el hecho de que el suicidio es más frecuente en los grupos de población de mayor edad«.
La Junta añadía que en las últimas décadas, la tasa ajustada de mortalidad por suicidio en Castilla y León había sido muy semejante a la media española, alcanzando valores muy similares en los últimos años. No obstante, subrayaba, en el análisis de las tasas se debía de tener en cuenta que en Castilla y León la evolución de la población mantiene una tendencia descendiente de forma sostenida desde el año 2010.
