La patronal achaca la «tendencia creciente» a la salud mental y pide que se reduzca la «duración innecesaria de los procesos»
A principios de marzo de este año, el empresariado de Castilla y León se adelantó a la alarma creada hace unos días por las polémicas declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en torno al absentismo laboral en las que mezclaba bajas médicas y ausencias justificadas del trabajo con las injustificadas, abogando por reducir el importe de lo que se cobra los días que no se acude a la oficina por enfermedad y amagando con terminar con lo que denominó «cáncer», con acuerdo sindical o sin él, en caso de llegar al poder. Feijóo llegó a decir que hay trabajadores que se dan de baja y no van a trabajar sin justificación, «teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones», y habló abiertamente de fraude.
Por entonces, CEOE Castilla y León hacía balance del número de procesos de incapacidad temporal en la comunidad en 2025: según sus datos, 73.783 procesos por contingencias comunes el año pasado —sin referencia a accidentes laborales ni enfermedades profesionales— y constataba una tendencia creciente desde 2018, cifrando en 314.589 los procesos acumulados durante los últimos ocho años. Sobre esa tendencia mostraba el presidente, Santiago Aparicio, su preocupación. No se trataba solo del incremento numérico de bajas, dijo, «sino también de su mayor duración, lo que genera sobrecarga en las plantillas y costes laborales imprevistos».
Los datos del crecimiento
Sin embargo, el informe de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) sobre datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dejaba claro que en los últimos ocho años en España había crecido el número de bajas en un 75,67% y en esta comunidad autónoma un 61,63%, es decir, catorce puntos menos.
También es menor en Castilla y León la incidencia por cada 1.000 trabajadores: de los 19 cubiertos por baja laboral en 2018, en estos años se ha pasado a 28 de cada mil, pero en España la media era de 25 hace ocho años y es de 38 en la actualidad, es decir, diez más que en esta comunidad. Conviene poner esto en contexto teniendo en cuenta que según el Informe Laboral 2025 de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, a finales de ese año los trabajadores ocupados en la comunidad eran 1.047.912, así que es fácil echar cuentas sobre cuántos de ellos sufrieron baja por enfermedad.
En lo que sí supera Castilla y León a la media es en el incremento de la duración de los procesos de baja. Si a nivel nacional desde 2018 se ha multiplicado por 4,92 el número de bajas de más de un año de duración, en Castilla y León se ha multiplicado por 5,25, unas décimas más. En total, según datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, frente a las 1.400 con las que comenzó el año 2019, en enero de 2026 se registraban 7.773. Ni siquiera durante la pandemia de COVID se alcanzó esa cifra. Es urgente preguntarse por qué.
El primer semestre del 2026
Castilla y León tampoco muestra una situación preocupante con respecto al resto del país en los primeros seis meses de 2026. El informe Randstad dado a conocer a principios de julio muestra a Castilla y León a mitad de la tabla de comunidades autónomas en cuanto al porcentaje de procesos de incapacidad temporal, así como en el de absentismo. En concreto, este territorio se encuentra en un 5,5% de absentismo por IT, una décima por debajo de la media nacional y en el puesto número 9 de las 17 comunidades autónomas, y en el mismo puesto, la novena, en el porcentaje de absentismo general, un 7,3%, una décima por encima de la media, pero muy por debajo de País Vasco, Asturias, Canarias, Cantabria o Galicia, que superan el 8-9%.
Soluciones sindicales y empresariales
Desde CCOO Castilla y León, su secretaria general, Ana de los Muros, saltó de inmediato a la palestra tras las amenazas de Feijóo de esta semana: «Las bajas no son absentismo», respondió tajante, «un trabajador, o una trabajadora, enferma y tiene derecho a poder curarse, no tiene por qué ir a trabajar forzada solo porque se sienta amenazada».
De los Muros apuesta por mejorar la sanidad pública y acabar con el abuso de horas extraordinarias a las que se obliga a los empleados, en su mayoría no pagadas, lo que limita su descanso y empeora, lógicamente, su salud. «Comisiones Obreras no va a permitir que se retroceda en derechos, que se incumplan los convenios colectivos y que se vaya contra la salud de trabajadores y trabajadoras», concluyó.
Por su parte, —explicándolo, eso sí, de manera bastante más coherente que ella— Aparicio avanzó hace tres meses las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en los últimos días a la hora de hablar de posibles soluciones que eviten que a los trabajadores se les den tantas bajas y que sus enfermedades se alarguen. «Los procesos vinculados a trastornos mentales presentan duraciones medias superiores a la media general y se han convertido en uno de los principales factores del aumento global del absentismo», señala Aparicio.
En consecuencia, como Ayuso, plantea que las mutuas agilicen diagnósticos y tratamientos y reduzcan «la duración innecesaria de los procesos», además de que se impulsen planes específicos de salud mental en las empresas. “Es imprescindible actuar con rigor, coordinación institucional y soluciones compartidas para que el absentismo no se convierta en un freno estructural al crecimiento económico”, remata.
