Más allá de las 10 de la mañana, hora a la que estaba prevista, se estrenaba en la Audiencia Provincial de Valladolid este 15 de septiembre de 2025 la «Trama eólica», segunda temporada de la exitosa serie de corrupción «Perla Negra», protagonizada por los mismos actores.
Allí estaba el presidente de la Sala, en pleno déjà vu, llamando de nuevo a sentarse en el banquillo a los exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios amigos que tramaron (presuntamente, eso sí) lo eólico igual que tramaron lo urbanístico del edificio de Arroyo y el polígono de Portillo que se sentenció hace unos meses: «¿Rafael Delgado? ¿Alberto Esgueva? ¿Su hermano, Francisco? Que se siente al lado, por favor». Y así, uno a uno hasta quince acusados, los principales de ellos, viejos conocidos.
Se trataba de la primera sesión de este nuevo macrojuicio por corrupción —entendida bajo diversos nombres (delito continuado de prevaricación; delito continuado de cohecho; delito continuado de tráfico de influencias; delitos de extorsión, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y otros también viejos conocidos)— que vuelve a brotar de las raíces de aquella Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León que durante demasiado tiempo dirigió Tomás Villanueva, súbitamente desaparecido en 2017.
«Villanueva», que heredó el cargo de la asesinada a tiros Isabel Carrasco, es esa palabra mágica de descargo que suelen citar los acusados; así lo hicieron durante el juicio del barco de los piratas del Caribe y es probable que lo vuelvan a hacer entre los molinos de viento, aprovechando que el cerebro de todas las tramas ya no puede sentarse con ellos en el banquillo y susurrarles al oído.
No obstante, Villanueva no estará ausente del todo, puesto que ya se ha citado entre los documentos a tener en cuenta en la causa alguna de sus intervenciones en las Cortes de Castilla y León en los tiempos pretéritos.
El inolvidable «don Tomás», jefe supremo de aquel departamento estrella del Gobierno de Juan Vicente Herrera y del Partido Popular, anclado en el puerto de Castilla y de León desde hace casi cuarenta años, estuvo doce de esos cuarenta al frente de una Consejería en cuyos desmanes ni la justicia siquiera ha sido capaz de poner orden hasta el momento, teniendo en cuenta las exiguas penas dictadas en el caso del pelotazo de la Perla Negra (solo el exviceconsejero Rafael Delgado fue condenado a dos años y medio de cárcel que no cumplirá).
En aquella primera temporada de esta serie, además, el ex consejero delegado de empresa pública y posteriormente empresario Alberto Esgueva, hoy otra vez sentado en el banquillo junto a su hermano, salió limpio de polvo y paja cuando a última hora y de manera sorpresiva, acusaciones y fiscalía retiraron todos los cargos, liberándolo, sin que nadie rechistara, de los seis delitos de los que se le acusaba y sus correspondientes indemnizaciones y penas de prisión.
Mordidas también entre las aspas de los molinos
El auto de apertura de este nuevo juicio tiene fecha, ni más ni menos, en noviembre de 2021, aunque los hechos que se juzgan vienen de tan atrás como los que pusieron a navegar al edificio de la Consejería en Arroyo de la Encomienda; aquellas épocas felices de presupuestos millonarios que daban para todo y para más, en los primeros dos mil, cuando Tomás Villanueva, a pesar de su corta estatura, dominaba el horizonte.
Villanueva lo fue todo: presidente del PP de Valladolid, consejero de Industria, de Comercio, de Turismo, de Educación, de Cultura, de Economía, de Empleo, vicepresidente de dos expresidentes (Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera) y hombre de referencia en el Gobierno autonómico para la élite económica de la comunidad autónoma. En su entorno se construyó todo lo que se juzga ahora, veinte años después.
Ese auto, que pone fin a una instrucción interminable durante la que algunos han muerto y otros han enfermado, explica que, por lo investigado y las peticiones de acusaciones particulares y fiscalía anticorrupción, con informe de la Agencia Tributaria por medio, hay que dilucidar si imponer o no cárcel e indemnizaciones millonarias a los encausados.
Son más de cien años de cárcel y más de ochocientos millones de euros en total, ni más ni menos, por una nueva connivencia entre políticos (los mismos de la primera temporada) y empresarios locales amigos (los mismos o similares) para adjudicarles concesiones de parques eólicos a cambio de comisiones, a veces en forma de cash y a veces en forma de acciones, para que pudieran lucrarse de los beneficios de las renovables como dios manda.
Eso sí; conviene no perder de vista que la responsabilidad subsidiaria es de la Junta de Castilla y León, esa institución dominada por los mismos desde hace cuatro décadas, pero a la que sostenemos todos los castellanos y los leoneses con esa cantidad que ponemos en una casilla de la declaración de la renta cada año.
… hace demasiado tiempo
Y como hace demasiado tiempo de todo esto y a los acusados y sus abogados les da pereza estar allí sentados durante meses, después de veinte años, las alegaciones que se han escuchado esta primera mañana son como las del primer episodio de la primera temporada: la nulidad, la prescripción y esas cosas de las que se echa mano a ver si suena la flauta.
En este otro dèjá vu nos encontramos ahora: a ver si el tribunal decide si los delitos están caducados, como los yogures, y si el informe de Hacienda es ilegal, como el pelotazo de la Perla Negra.
