Son ocho delitos los que va a investigar la Fiscalía General de Castilla y León sobre los incendios forestales de este verano y las posibles responsabilidades penales que en torno a ellos y sus consecuencias puedan tener el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Entre esos delitos, que apunta la asociación Bierzo Aire Limpio en su escrito, en base al que el fiscal general, Santiago Mena, ha abierto diligencias de investigación preprocesales penales, se encuentran la prevaricación omisiva, la omisión del deber de socorro, delitos contra la ordenación del territorio y homicidios por imprudencia, entre otros.
La denuncia de la asociación, enviada a Fiscalía en agosto, se limita a los incendios registrados en la provincia de León, pero podría ampliarse a toda la comunidad autónoma si se obtuvieran pruebas en base a la información que Mena ha solicitado, por un lado a la Junta de Castilla y León y por otro al Seprona de la Guardia Civil.
A la Consejería de Medio Ambiente de Quiñones, la Fiscalía le pide datos sobre medios disponibles para la prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad y acuerdos y decisiones adoptadas durante los meses en los que el fuego consumió la provincia de León, para dilucidar si lo que ocurrió fue evitable o no.
Al Seprona se le requiere lo que se sepa y esté probado sobre la propia investigación de los incendios en sí mismos: las causas, naturales o dolosas, de cada uno.
Denuncia sobre Las Médulas
En la Fiscalía General de Castilla y León constan otras denuncias además de la de Bierzo Aire Limpio, en concreto, una sobre el paraje de Las Médulas, que está recibida, pero sin incoar aún, de una ciudadana particular.
Las Médulas, espacio natural Patrimonio de la Humanidad, fue víctima del incendio de Llamas de Cabrera, que arrasó 1.500 kilómetros cuadrados y tardó dos meses en extinguirse. Este paraje singular y único, en parte perdido ahora, sufrió el fuego en un 70% de su superficie, según datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en un 12,5% una afección severa, según la propia Junta de Castilla y León.
«Indicios fundados»
Bierzo Aire Limpio considera que existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno. “El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.
La Junta de Castilla y León solo había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares —a través de ordenanzas municipales y de los bancos de tierras— mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción.
Pese a su posición de garante, continúa la asociación, la baja ejecución presupuestaria confirma que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio. Tampoco redobló su labor en las Zonas de Alto Riesgo, catalogadas por la propia Administración, precisamente aquellas que terminaron siendo pasto de las llamas. Esta omisión en las áreas más críticas demuestra una injusticia manifiesta, al desatender los lugares donde el peligro era más evidente.
No se aprendió de la Sierra de la Culebra
La organización recuerda que, tras catástrofes anteriores en la comunidad, especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra en 2022, no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal. “Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye a su juicio «una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”.
A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas. La ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después, afirman, refuerza la tesis de una gestión negligente.
Al tratarse de aforados, tanto el presidente de la Junta como el consejero de Medio Ambiente deben responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que será el órgano encargado de valorar las diligencias e impulsar, en su caso, las actuaciones judiciales pertinentes.
