Castilla y León ha reducido en un 80 por ciento el presupuesto de la Renta Garantizada destinado a las personas en riesgo de exclusión. El titular es de la Plataforma Social de Castilla y León y se basa en las conclusiones de varios informes recientemente emitidos por entidades con reconocido compromiso social, entre los que la Plataforma cita FOESSA, EAPN o UNICEF.
Todos ellos advierten de que, pese a la mejora de la situación económica y del empleo de forma generalizada en el país, ello no evita que 352.000 personas estén en exclusión social en Castilla y León.
Uno de cada cuatro castellanos y leoneses, en riesgo de pobreza
Según los datos de la Plataforma Social, EAPN (red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social) concluye que uno de cada cuatro castellanos y leoneses se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión, mientras que UNICEF advierte que, el 29,2 % de los niños, niñas y adolescentes en España está en situación de pobreza monetaria relativa, es decir, que en su hogar se ingresa menos del 60% de la mediana de ingresos.
El informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), por su parte, confirma que, pese a cierta mejora en los últimos años, la comunidad mantiene en 2024 una situación global menos favorable que la registrada en 2018: la integración plena ha descendido hasta el 55,2%, mientras la integración precaria ha aumentado al 29,9% y la exclusión social afecta ya al 14,8% de la población.
Esto equivale a 352.000 personas que continúan fuera de los márgenes de la plena participación social, y lo más preocupante de esta situación es la tendencia que, lejos de reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, se incrementa año tras año.
Recortes a raíz del IMV
Desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el gobierno de
España, en 2020, el presupuesto que la Junta de Castilla y León destina a la Renta Garantizada de Ciudadanía se ha ido reduciendo anual y progresivamente pasando de 79
millones de euros en 2018 a solo 8, cantidad que estaba previsto destinar en el presupuesto
para 2026, que ha decaído en las Cortes.
Desde la Plataforma Social se considera que la aprobación del IMV por el gobierno de
España debería haberse aprovechado para sumar más recursos para ayudar a las familias
y menores a salir del umbral de la pobreza en Castilla y León, pero la realidad ha sido la opuesta.
El reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, sobre
las rentas que las comunidades autónomas destinan a las familias que se encuentran en
estado de exclusión social, sitúa a Castilla y León entre las cuatro comunidades que más
han recortado en este tipo de ayuda, lista que encabeza la comunidad de Madrid.
Desde la Plataforma se demanda a la Junta de Castilla y León que, reponga las cuantías recortadas y las destine a programas de inclusión social de las familias que se encuentran en el umbral de la pobreza, a desarrollar un programa personalizado del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, con el objetivo de lograr su titulación en la ESO y finalmente, a acordar con el gobierno de España proyectos de inserción sociolaboral para las personas perceptoras del ingreso mínimo vital.
