La figura fue polémica desde sus inicios al comienzo del mandato y pasto de los disparos de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid.
El “alcalde B”, término acuñado por Óscar Puente en el breve periodo transcurrido entre su salida de la Alcaldía y su nombramiento como ministro, es el lugarteniente de Jesús Julio Carnero, alcalde y senador a tiempos parciales, y a los vallisoletanos/as les cuesta un pastón.
El PSOE en el Ayuntamiento no va a soltar fácilmente la presa y transcurridos estos dos años vuelve a la carga con el balance de gestión del oficialmente director de Coordinación de Políticas Públicas, gestión que describe como “mínima, difusa y carente de resultados tangibles”.
¿Qué dicen los papeles? Según los socialistas, “apenas acreditan su presencia en reuniones, sin que conste ninguna iniciativa propia, programas impulsados, evaluaciones de políticas públicas o mejoras de servicios vinculadas directamente a su trabajo”. Vamos… que según el PSOE, Indalecio, que así se llama, ha hecho más bien poco.
“Lo poco que el alcalde se ha atrevido a entregar confirma lo que venimos diciendo desde hace dos años: este puesto no aporta nada sustancial a la ciudad. Su actividad es prácticamente inexistente y su función, puramente decorativa”, dicen.
El puesto, 156.000 euros al año, fue creado de forma ilegal, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimó el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista.
A pesar de la sentencia, sigue el PSOE, Carnero decidió mantener este puesto —inédito en la historia del Ayuntamiento—, obligando a modificar el Reglamento Orgánico “de forma precipitada y sin consenso”.
