MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN- VALLADOLID
En política hay momentos en los que hablar claro no es una opción, es una obligación. Estamos a las puertas del 15 de marzo, en plena campaña a las Cortes de Castilla y León, y conviene decirlo sin rodeos: lo que está en juego no es sólo un reparto de escaños. Lo que está en juego es el sentido mismo de nuestra democracia y el lugar que ocupan en ella los derechos de las mujeres.
Ningún derecho conquistado por las mujeres ha sido gratuito, automático ni irreversible. Nada de lo que hoy damos por sentado, el derecho al voto, al trabajo, al divorcio, a decidir sobre nuestro cuerpo, a vivir sin violencia, fue un regalo. Cada avance fue fruto de la lucha feminista, de la organización colectiva y de la confrontación política. Y precisamente por eso, pensar que esos derechos están garantizados para siempre es un error histórico. Los derechos avanzan cuando se defienden. Retroceden cuando se descuidan.
Estamos viendo cómo discursos que hace apenas unos años parecían marginales hoy ocupan instituciones y condicionan gobiernos
Hablar hoy de blindar derechos no es exagerar ni dramatizar. Es asumir una responsabilidad política en un contexto en el que los consensos democráticos empiezan a resquebrajarse. Estamos viendo cómo discursos que hace apenas unos años parecían marginales hoy ocupan instituciones y condicionan gobiernos. Y uno de los primeros objetivos de esa ofensiva reaccionaria es el feminismo.
No es casualidad. El feminismo no es una moda ni una cuestión identitaria. Es una herramienta política que pone en evidencia cómo se organiza la desigualdad. Porque la desigualdad entre mujeres y hombres no es anecdótica ni individual: es estructural. Atraviesa el empleo, los cuidados, la violencia, el acceso al poder, la economía y la cultura.
El feminismo insiste en algo esencial: los derechos no solo se proclaman; se garantizan. Y garantizar implica presupuesto público, servicios públicos fuertes y voluntad política
En Castilla y León lo sabemos bien. Sabemos que hay mujeres que siguen encontrando obstáculos para ejercer su derecho al aborto en su propio territorio. Sabemos que la violencia machista continúa siendo una realidad cotidiana. Sabemos que la brecha salarial persiste, que la precariedad está feminizada y que la maternidad sigue penalizando trayectorias profesionales. Sabemos que los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre nosotras, especialmente en el medio rural.
Tener derechos reconocidos en una ley no significa poder ejercerlos en igualdad de condiciones. Por eso el feminismo insiste en algo esencial: los derechos no solo se proclaman, se garantizan. Y garantizar implica presupuesto público, servicios públicos fuertes y voluntad política.
La igualdad no puede ser un capítulo aislado en los programas electorales. Tiene que atravesar toda la acción política. No hay igualdad sin educación pública con perspectiva de género. No hay igualdad sin sanidad pública que garantice derechos sexuales y reproductivos. No hay igualdad sin servicios sociales que sostengan los cuidados ni sin empleo digno que combata la precariedad feminizada.
La extrema derecha lo sabe. Por eso su estrategia no empieza con grandes derogaciones, sino con el cuestionamiento del propio problema
Cuando se debilita lo público, las desigualdades se privatizan. Y cuando eso ocurre, el coste lo pagan siempre las mismas.
La extrema derecha lo sabe. Por eso su estrategia no empieza con grandes derogaciones, sino con el cuestionamiento del propio problema. Niegan la violencia machista. Diluyen el concepto de desigualdad estructural. Ridiculizan las políticas de igualdad. Si se niega el
diagnóstico, se deslegitiman las políticas públicas. Y cuando las políticas se debilitan, los derechos se vacían de contenido. No es una discusión retórica. Es una disputa por el modelo de sociedad.
Algunos dicen que exageramos. Que los derechos no van a desaparecer. La historia demuestra lo contrario: los derechos no se pierden de golpe, se erosionan primero en el discurso, después en los presupuestos y finalmente en la vida cotidiana. Alertar no es alarmismo. Es responsabilidad política.
En estas elecciones del 15 de marzo, las mujeres nos jugamos mucho. Nos jugamos si Castilla y León avanza hacia una comunidad que garantice derechos reales o si retrocede hacia un modelo que normalice la desigualdad
En estas elecciones del 15 de marzo, las mujeres nos jugamos mucho. Nos jugamos si Castilla y León avanza hacia una comunidad que garantice derechos reales o si retrocede hacia un modelo que normalice la desigualdad. Nos jugamos si la igualdad será una prioridad política o un eslogan vacío.
El feminismo no es una trinchera defensiva. Es una propuesta de sociedad más justa, más libre y más democrática. Blindar los derechos conquistados significa defender lo logrado y profundizar en lo pendiente. Significa no aceptar el retroceso como inevitable.
Porque cuando avanzan los derechos de las mujeres, avanza la democracia. Y porque, hoy más que nunca, sin feminismo no hay justicia social.
