Presidencia difunde su satisfacción por la admisión a trámite de su recurso contra el proceso de regularización
Tan solo un par de días después de conocerse las cifras del número de solicitudes registradas por personas inmigrantes que piden derechos y obligaciones en nuestra sociedad a través del proceso de regularización impulsado por el Ministerio de Inclusión, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco presume de exclusión difundiendo una nota de prensa en la que se felicita de que su recurso en contra ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo.
De este modo se muestra orgulloso el gobierno PP-Vox de Castilla y León de pretender frenar las pretensiones de 39.981 personas que viven ya, de forma efectiva, entre nosotros y que han presentado sus solicitudes para poder residir legalmente y trabajar con sus papeles en regla en esta comunidad autónoma en riesgo de despoblación en la que no pocos de sus núcleos rurales recuperan la vida gracias a quienes vienen de otros países a apostar por el territorio que cada vez más autóctonos abandonan.
Son poco más de 8.000 personas en Valladolid; casi el mismo número en Burgos; algo menos de 6.000 en León; 5.000 en Salamanca; en torno a 3.000 en las provincias de Segovia y Ávila, y alrededor de 2.000 en Palencia, Soria y Zamora.
A todas ellas, que representan el 1,6% de la población total de Castilla y León —2.418.632 habitantes, con una densidad de 26 habitantes por kilómetro cuadrado (la cuarta parte de la media en España)— se pretende desde el gobierno autonómico poner palos en las ruedas, alegando «el carácter exacerbado del proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto, tanto por su dimensión como por su alcance, y que se refleja en unas cifras sin precedentes en la historia de España».
Las dos caras de la moneda
Simultáneamente a la publicación de los datos de solicitudes —que no de solicitudes concedidas, puesto que se están resolviendo y el dato de cuántas se aprobarán no se conoce aún—, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, incidía en la situación de estos seres humanos: «Son personas de otros países que viven en nuestro país desde hace tiempo, que en muchos casos se encuentran trabajando en economía sumergida, y esa es una situación que en ningún país avanzado y democrático se puede tolerar«.
Sen recordaba, además, el consenso, prácticamente unánime, que había precedido al proceso puesto en marcha por el Gobierno: «La regularización extraordinaria fue impulsada por una iniciativa legislativa popular y cuenta con el consenso de sectores empresariales, sindicales, de la sociedad en general e incluso de la propia Iglesia Católica».
En la otra cara de la moneda, contra el consenso social del que habla el delegado del Gobierno, la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León afirma que el Real Decreto «resulta incompatible con el marco de compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria, orientados a garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios y a evitar procesos de regularización que puedan generar un efecto llamada de carácter masivo«.
A pesar de que Presidencia está en manos del Partido Popular, los argumentos coinciden palabra por palabra con los habituales de la extrema derecha con la que los populares han contraído matrimonio de gobierno: la «inmigración ordenada» y el «efecto llamada».
Tal vez en esto se traduzca el primer paso de la recién firmada «prioridad nacional».
