No era lo que se pedía ni lo que se prometió. No era lo que los profesionales querían ni lo que la ciudadanía demandaba. Nadie estaba a favor, ni dentro ni fuera. En el jardín frente al edificio de las Cortes, mientras la oposición en bloque rechazaba las propuestas en materia de incendios presentadas por el Partido Popular, los agentes medioambientales, diezmados y cabreados, habían recreado un cementerio sembrado de uniformes al que daban la bienvenida tres monigotes, como jinetes del apocalipsis, con las caras del presidente Mañueco, el consejero Quiñones y el director Arranz.
47 noes, de uno al otro lado del arco parlamentario, sentenciaban el publicitadísimo y millonario proyecto que supuestamente iba a salvar al operativo y convertirlo en lo que debiera ser. El decreto, elaborado por la Junta en solitario, ha cosechado el excepcional honor de la unanimidad dentro y fuera del hemiciclo, pero para mal: grupos políticos, sindicatos y trabajadores han convertido el papel en cenizas. Así pues, los incendios de 2026 volverán a pillar a Castilla y León sin operativo público y estable.
Los bomberos seguirán siendo «peones»
Como ya habían denunciado los bomberos forestales en las últimas semanas, la supuesta mejora del operativo propuesta por el equipo de Mañueco se centraba en laborales y funcionarios, el personal propio de la Junta, y no iba más allá de transformar al personal laboral fijo discontinuo en fijo y crear un cuerpo de agentes medioambientales de clase B que el sindicato APAMCYL considera parte de una operación de desmantelamiento silencioso del cuerpo de agentes, algo así, dicen, como un «caballo de Troya».
Nada decía el decreto, más allá de vacuas promesas a largo plazo, sobre los miles de personas que afrontan el fuego desde las subcontratas cada verano y que cuando termina la época de peligro alto se van a la calle; esos que se juegan la piel en los montes y pueblos frente a las llamas.
La categoría de «bombero forestal» la reservaba la Junta para los cuerpos técnicos de la Administración, pero los demás seguirán siendo «peones». Seguirán perteneciendo a empresas privadas y en las mismas precarias condiciones.
«Un acto de demagogia y engaño»
Al decreto rechazado se le ha puesto dentro del edificio todo tipo de adjetivos: un parche, una consecuencia de legislar sin escuchar, «un acto de demagogia y engaño», decían desde el PSOE, «que no supone la transformación real del operativo, sino una puesta en escena mediática para dar a entender que se da una respuesta ambiciosa cuando es solo cosmética».
El decreto no mejora el operativo ni lo convierte en público. «No afianza un operativo estable durante los doce meses del año y genera desigualdades entre los agentes medioambientales», apuntaba Por Ávila.
«Son incapaces de llegar a un acuerdo. La única verdad que ha dicho usted«, subrayaba el siempre incisivo Francisco Igea, «es que es urgente porque se avecinan unas elecciones, y lo ha dicho con su cara dura. No tienen vergüenza ni respeto a los funcionarios ni a los trabajadores».
«Ustedes no han aprendido nada»
Cuatro muertos, 180.000 hectáreas calcinadas, miles de personas que lo han perdido todo, y ustedes no han aprendido nada. Con el balance de 2025 comenzaba su intervención Podemos. «Traen un decreto que ni mejora ni amplía el operativo ni lo convierte en público, es un parche por interés electoral porque saben que la inmensa mayoría de la ciudadanía no tolera más sus políticas en materia de prevención y extinción de incendios. No les cree nadie. Vayan a la puerta de las Cortes, que están todos los sindicatos ahí».
«Pasará usted a la historia», remataba la Unión del Pueblo Leonés, «por ser la persona capaz de poner en contra a los grupos parlamentarios, los sindicatos y los trabajadores. No subsana la precariedad de los trabajadores del operativo. La gente no perdona que les mientan en su cara. ¿Se han planteado mejorar las condiciones de los trabajadores a los que dejan la inmensa responsabilidad de luchar en primera línea de las llamas?»
Hasta Vox ha sentenciado a su antiguo compañero de gobierno: «No hemos encontrado ningún colectivo afectado que nos haya recomendado apoyar el decreto, y mire que hemos visto a gente», y con maléfica risilla, señalando con la cabeza en dirección a la puerta del edificio, donde continuaban las protestas de los forestales: «Ese ruido que se escucha… no es Cádiz». Porque allí estaba de vacaciones el presidente Mañueco este verano.
